Sin embargo, la encuesta, basada en las respuestas recogidas a través de 2.488 entrevistas, revela que casi tres cuatas partes de los ciudadanos cree que la responsabilidad de preservación de la naturaleza debe ser compartida, y no recaer exclusivamente en los gobiernos.

El sondeo pone de manifiesto el desconocimiento de parte importante de la población respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

Por ejemplo, antes de la creación del ministerio, cerca del 75 por ciento de los entrevistados no conocían el departamento de la Administración central que se ocupaba de las políticas medioambientale y el 40 por ciento reconoce que presta poca o ninguna atención a este tipo de problemas.

Curiosamente, más de un 70 por ciento asegura que la degradación de la naturaleza constituye un problema "inmediato y urgente", pero sólo un 17 por ciento ha realizado alguna actividad en los últimos cinco años a favor de la defensa del entorno, a menudo relacionada con la plantación de árboles y la limpieza de bosques y playas.

No obstante, el 76 por ciento de los encuestados asegura que utiliza las papelers públicas, el 65 por ciento usa habitualmente los contenedores de residuos para separar en origen las basuras y casi el 50 por ciento pone en práctica medidas para ahorrar agua, pero son menos de la cuarta parte los que compran productos no contaminantes y alrededor de un tercio los que prescinden del vehículo privado y optan por el transporte público.

En relación a la opinión que le merece a cada entrevistado la actitud del resto de ciudadanos, casi dos tercios señala que a los españoles el medio amiente les inspira respeto, pero no están suficientemente preocupados por la ecología, y se piensa que los jóvenes están más interesados por estas cuestiones que los mayores, las mujeres que los hombres, los trabajadores más que los empresarios, los ayuntamientos más que las autonomías y el Gobierno, los ciudadanos más que los sindicatos y los partidos, las formaciones de izquierda más que las de derecha y los habitantes de los pueblos más que los de las ciudades.

En cualquier caso, una mayoría considea el deterioro del medio ambiente como un asunto menos procupante que el desempleo, el terrorismo, la droga y la inseguridad ciudadana.

CAUSAS DE LA DEGRADACION

La contaminación y los incendios forestales son los principales problemas medioambientales para el 32 y el 27 por ciento, respectivamente, de los entrevistados a nivel nacional, aunque a un nivel más cercano les preocupa bastante la falta de limpieza. A nivel mundial la contaminación y la deforestación son las cuestiones más preocupantes.

La mayoría de los ciudadanos también consideran problemas muy importantes los incendios forestales, la contaminación de los ríos, el almacenamiento de los residuos radiactivos, la degradación de las costas, los vertidos de residuos y la calidad del agua.

A pesar de la percepción de estos problemas, más del 60 por ciento de los entrevistados creen que la situación ha mejorado durante los diez últimos años, pese a que una proporción similar cree que las adimistraciones públicas gastan menos de lo que eberían en políticas ecológicas.

Respecto a la relación entre economía y medio ambiente, casi tres cuartas partes piensa que ambos factores son compatibles, por un 15 por ciento que asegura que no hay desarrollo económico sin deterioro del medio ambiente.

La industria y la energía nuclear se consideran las actividades económicas más impactantes para la naturaleza, mientras que son minoría los que estiman que es nociva para el medio ambiente la construcción de grandes infraestructuras, como embalss y trasvases, o la agricultura.

En lo que hay casi unanimidad es en la creencia de que las actividades económicas que no respeten la normativa deben ser sancionadas con dureza (un 91 por ciento), aunque casi tres cuartas partes de los encuestados opina que el Estado debería compensar económicamente a aquellas localidades en las que las normas medioambientales entorpezcan el desarrollo económico.

Casi la mitad de los encuestados estarían incluso dispuestos a pagar un impuesto adicional para finaniar la conservación de la naturaleza.