La propuesta de CiU pide al Gobierno que modifique la legislación vigente para que la reserva de empleo público para personas con discapacidad pase del cinco por ciento actual al siete por ciento, destinando el dos por ciento adicional a las personas con discapacidad intelectual, "severamente excluidas del mercado laboral".

Para pasar del cinco por ciento al siete por ciento de la reserva de empleo público para personas con discapacidad, CiU señala que hay que reformar el artículo 59 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad".

OTRAS MEDIDAS

Además, el Grupo Catalán en el Congreso plantea otras medidas legislativas que considera "de interés" para estimular el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, homogeneizándolo en todas las administraciones.

Entre estas medidas figura la realización de pruebas independientes, como indica ya el decreto que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Igualmente, sugiere que la convocatoria de turnos independientes sea siempre obligatoria, en lugar de facultativa, como establece dicho decreto.

La iniciativa aboga también por que se dé preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una discapacidad.

Finalmente, CiU propone que si las plazas reservadas y cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran el cuatro por ciento del total de las convocadas, las no cubiertas se acumulen al cupo del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15 por ciento.

INICIATIVA DEL PNV

Por su parte, el PNV aboga en su iniciativa por modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que contemple la posibilidad de adjudicación directa, al margen de la cuantía económica de la oferta, a empresas que tengan un alto porcentaje de personas con discapacidad en su plantilla.

En la actual Ley de Contratos del Servicio Público, explica el Grupo Vasco, se establece la preferencia en la adjudicación de contratos a empresas que igualando la oferta de servicios tengan en su plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidades, algo, que sin embargo, no se cumple y resulta, por tanto, "insuficiente".

Por este motivo, el PNV propone que se reforme la Ley de contratos del Sector Público para que se pueda recurrir al procedimiento de adjudicación directa previsto por los artículos 122 y 95 de esta norma, prescindiendo de los requerimientos vinculados a cuantías máximas del contrato, cuando el prestador del servicio sea un centro especial de empleo de titularidad pública que acoja a personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral.