La comisaria responsable de la política de Competencia, Margrethe Vestager, destacó que esta ayuda “va en contra del principio de neutralidad tecnológica y no es necesaria ni proporcionada”, pero que como “España ya ha finalizado el cambio a la frecuencia digital sin que se haya concedido ayuda estatal”, “no se exigirá la recuperación”.

La Comisión recordó que cuando se hizo la transición de la radiodifusión analógica a la digital, España impuso a los radiodifusores una obligación de transmisión simultánea de señales analógicas y digitales durante el período transitorio, con el fin de evitar perturbaciones del servicio para los espectadores.

En 2011, las autoridades españolas notificaron su intención de compensar los costes adicionales contraídos por los organismos de radiodifusión televisiva para cumplir con esta obligación de transmisión simultánea, pero un año más tarde la Comisión inició un procedimiento de investigación exhaustiva sobre las ayudas estatales centrándose exclusivamente en los organismos privados de radiodifusión.

La investigación de la Comisión confirmó que el apoyo de España para la transición de la televisión analógica a la digital solo se ofreció a las emisoras de televisión digital terrestre (TDT) en detrimento de otras plataformas, como las de satélite, cable o televisión a través del Protocolo de Internet (IPTV).

De acuerdo con la Comisión, España no justificó adecuadamente las razones por las que no se aplicó el principio de neutralidad tecnológica y tampoco pudo demostrar que fuera necesaria una ayuda pública a la reasignación de frecuencias para garantizar la correcta transición de la emisión analógica a la digital, es más, la Comisión Europea constató que las empresas privadas de radiodifusión habrían garantizado la emisión simultánea en cualquier caso, a fin de no perder espectadores.

Por ello, la Comisión concluyó que la medida favorecía selectivamente a los organismos de radiodifusión y a los operadores de plataformas terrestres en detrimento de organismos de radiodifusión y operadores de plataformas alternativas y, por tanto, falseaba la competencia en el mercado único.