La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado mostró su preocupación ante la “campaña de detenciones y acoso hacia personas que practican la venta ambulante en Barcelona” ya que, a su juicio, “solo busca incrementar la tensión social así como ahondar en la separación entre grupos poblacionales de la ciudad”.

El presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Daniel Méndez, destacó que “las acciones que ponga en marcha el Ayuntamiento de Barcelona, o cualquier otra administración, no serán suficientes mientras tengamos un Código Penal que busca la expulsión de España de los manteros y su criminalización”.

Según Méndez, “el Gobierno de España ante un problema de integración opta únicamente por el ataque y la confrontación” y por ello le piden que “abandone esta vía represiva propia de otras épocas y se una a las instituciones que apuestan por soluciones de convivencia e integración que se están intentando desarrollar desde las instituciones locales y el tercer sector”.

En esta línea, la Red espera que la nueva mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados proceda a "transformar la presente configuración del código penal y se retrotraiga a las anteriores condiciones previstas en la norma antes del Gobierno del Partido Popular", con el objetivo de "garantizar una respuesta cohesionada y suficiente".