Tras el País Vasco, Islas Baleares, Asturias, Región de Murcia y Aragón, Galicia se suma a las comunidades autónomas que establecen legalmente el concierto social como nueva fórmula de gestión de los servicios sociales de proximidad por parte de las entidades no lucrativas de acción social.

El Cermi defiende que las fórmulas tradicionales vigentes de contratación pública aplicadas con generalidad por las comunidades autónomas, tales como el concurso, la subasta o la subvención, “no son en absoluto adecuadas para la gestión de servicios de proximidad, restando eficacia y calidad a las prestaciones públicas y poniendo en riesgo los apoyos a la inclusión y al bienestar de las personas con discapacidad y sus familias”.

Por ello, a la espera de que “el Estado transponga al derecho español las directivas europeas del año 2014 sobre contratación pública, que deberán traducirse en una nueva ley de contratos del sector público”, el Cermi reclamó a las comunidades autónomas que aún no lo han hecho que “establezcan mediante los cambios de sus leyes de servicios sociales el concierto social en su ámbito de actuación”.

Por último, el Comité informó de que la próxima comunidad que regulará el concierto social es la andaluza, ya que el proyecto de ley de servicios sociales que se tramita en estos momentos en el Parlamento de Andalucía contiene la regulación de esta fórmula de gestión.