Ambos sindicatos han reiterado su defensa a la actuación del juez Garzón en la instrucción de la causa de los "crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, tras el golpe militar contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936".

Tras indicar que "la instrucción persigue recuperar los restos mortales de las personas desaparecidas y asesinadas", UGT y CCOO consideran "un escándalo y un descrédito para la democracia española que el Tribunal Supremo admita querellas de asociaciones y fuerzas políticas herederas del ideario de los asesinos, en lugar de resolver la investigación de los crímenes del franquismo".