En dicha comisión, se aprobó la incorporación al proyecto de dos enmiendas de supresión del BNG relativas a dos puntos referentes a la designación de proveedores civiles de servicio de tránsito aéreo.

En el caso de que el Pleno decida mantener los cambios incorporados o incluir nuevas enmiendas, el texto debería volver al Congreso.

Algunos de los cambios incorporados por el decreto en su paso por el Congreso fueron fijar la edad de jubilación de estos profesionales en los 57 años o reducir de 1.750 a 1.670 horas ordinarias anuales más 80 extraordinarias el horario de los controladores, con lo que se adecua a lo fijado en el Estatuto de los Trabajadores.

Según los controladores, si la normativa entra en vigor tal y como salió del Congreso, la operativa del aeropuerto de Barajas se podría ver seriamente afectada, ya que dejarían de estar en las torres 31 de estos profesionales. Por su parte, AENA niega este impacto negativo, ya que asegura que 18 de estas 31 personas serán sustituidos automáticamente por profesionales habilitados que desempeñan otras funciones, básicamente formativas.

El decreto, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 5 de febrero y ratificado por el Congreso el día 11 de ese mismo mes, ha sido denunciado por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ante la Audiencia Nacional al considerar que incumple algunos artículos de la Constitución y del Estatuto de los Trabajadores.

De hecho, la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo jueves, 15 de abril, la vista oral de esta demanda de conflicto colectivo que presentó USCA el pasado 5 de marzo.