En concreto más de 300.000 personas en Alepo y cerca de 60.000 en la zona de Manbij. En una nota afirmaron que esta situación provoca “un deterioro vergonzoso de estas personas desde que el Grupo Internacional de Apoyo a Siria (ISSG) prometió hace seis meses permitir el acceso de la ayuda por todo el país”.

Según estas agencias, en Manbij miles de civiles se ven obligados a abandonar sus hogares ante la falta de alimentos mientras que en Alepo han sido bombardeadas las cinco dotaciones médicas. Está previsto que la comida se acabe en las próximas semanas, ya que un almacén fue atacado causando la destrucción de casi 10.000 paquetes de alimentos y apenas queda combustible, imprescindible para el funcionamiento de las instalaciones médicas y las bombas de agua.

La directora de Save the Children, Sonya Khush, explicó que "las personas sirias de Manbij, Alepo, Idleb, Daraya y de todo el país se enfrentan ahora al hambre y al deterioro de la atención médica. Los suministros se están agotando rápidamente y mujeres, niños y hombres comenzarán a morir de hambre si no conseguimos que los actores armados sobre el terreno abran el camino para que la ayuda humanitaria llegue”.

En Daraya, los avances del 11 de julio por parte del Gobierno sirio y las fuerzas aliadas hacia la ciudad, cortaron el acceso al agua y a tierras agrícolas a 4.000 civiles. Daraya fue sitiada por el Gobierno sirio hace más de cuatro años, obligando a la población local a sobrevivir con una inapropiada producción agrícola local.

El director de Syria Relief, Al-Yarub Shiraida, afirmó que "este último acontecimiento significa que la única fuente de alimento constante para la población civil ha desaparecido. La gente ya está sufriendo de desnutrición aguda en lo que amenaza con convertirse en otro Madaya, donde el asedio severo provocó unos 86 muertes por inanición el diciembre pasado”.

En otra de las localidades sirias, en Idleb, los ataques aéreos han aumentado de forma dramática en las últimas dos de semanas. La destrucción de casas e infraestructuras civiles ha obligado a cerca de 3.500 familias a huir a los distritos vecinos.