Salgado explicó en rueda de prensa que hay cuatro acuerdos que hacen relación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que han quedado fuera del acuerdo por no ser necesaria la tramitación por esta vía, pero que serán debatidos con los grupos parlamentarios.

En este sentido, la vicepresidenta económica aprovechó para agradecer el trabajo desarrollado por los grupos y advirtió de que, si han estado de acuerdo en los objetivos, también pueden estarlo en las medidas adoptadas.

En cualquier caso, precisó que se trata de medidas "importantes" que tienen a propiciar la recuperación del empleo y de la actividad "de nuestras empresas".

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se felicitó de que las medidas se hayan acordado y se hayan apoyado. "Reiterar la actitud de los grupos políticos, de cooperación y de buscar el consenso y el máximo acuerdo y lo hemos conseguido", puntualizó.

"Debemos estar satisfechos porque son medidas oportunas y necesarias y se ha mejorado con la particioación de todos y estamos satisfechos con la actuación de los grupos políticos", sentenció De la Vega.

EMPLEO

La ministra de Economía recordó que el impacto fiscal que pudieran tener todas las medidas aprobadas estaba ya calculado en las previsiones que el Gobierno envió a Bruselas a la hora de realizar su plan para reducir el déficit.

Recordó que la estimación inicial sobre el empleo de las medidas de rehabilitación de viviendas, así como las que hacen referencia al sector energético, tendrán un impacto de 350.000 nuevos empleos, si bien reconoció que la "cifra podrá ser algo mayor", por la ampliación del límite de la deducción para rehabilitación.

Precisamente, esta medida es unas de las más importantes del paquete aprobado este viernes y tendrá un coste de unos 1.400 millones de euros anuales.

Así, se trata de crear una nueva deducción temporal en el IRPF por las obras de mejora en la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que tengan por objeto, entre otros, la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de instalaciones de suministros o la creación de infraestructuras que favorezcan la accesibilidad.

Permitirá deducirse el 10% de las cantidades invertidas, con un límite máximo anual de 4.000 euros, a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 euros y se reducirá progresivamente hasta los 53.007,20 euros de base imponible. El límite durante todos los años de vigencia de la norma es de 12.000 euros por vivienda.

Otro grupo de medidas están orientadas a favorecer la actividad empresarial a partir de reformas de carácter administrativo y fiscal. Destaca la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público.

En este mismo sentido también se modifica la Ley de Subvenciones para permitir que las empresas que se declaren voluntariamente en concurso de acreedores puedan seguir percibiéndolas.

REFORMAS FISCALES

En materia fiscal se modifica la normativa del IVA y del IGIC con el objetivo de flexibilizar los requisitos para recuperar las cuotas repercutidas del impuesto en los casos de facturas total o parcialmente incobrables; y se prorroga para 2011 y 2012 la libertad de amortización de inversiones en el Impuesto de Sociedades siempre que se mantenga el empleo.

Como ya estaba previsto, se ha elevado el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado.

Este umbral se eleva en un 10% sobre el actual, fijado en el Salario Mínimo Interprofesional, incrementándose en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.

Por último, se establece un tipo superreducido de IVA del 4% para los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas integradas dentro del Sistema Público de Autonomía y Atención a la Dependencia a través de plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de concursos administrativos.

La norma incluye también la exención en el Impuesto sobre la Renta, con un límite de 1.500 euros, de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.