Según la directora del departamento de Acción Social de la Fundación Secretariado Gitano, María Teresa Andrés, “es muy completo y supone un avance muy significativo respecto al programa de desarrollo gitano de los últimos años”.

“Integra todos aquellos aspectos que consideramos cruciales para la inclusión gitana: la igualdad de trato y de género y el ejercicio de derechos básicos, tales como el acceso a la vivienda, al empleo, a la educación y a la salud, entre otros”, declaró la activista.

Entre otras medidas, Andrés destacó la lucha contra el abandono escolar prematuro y el acceso de los adolescentes gitanos a la educación postobligatoria; la equidad en salud; la erradicación definitiva del chabolismo; el acceso de la población gitana al trabajo por cuenta ajena y a la formación continua en el empleo, y la garantía de la igualdad de trato.

El presidente de Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia, destacó por su parte que se trata de “un plan muy ambicioso, en el que además hemos participado las propias asociaciones representantes del pueblo gitano".

LO IMPORTANTE ES EL SEGUIMIENTO

Con todo, Andrés advirtió que el nuevo plan “está muy bien en el papel, pero "lo importante es su implantación y ahora tenemos que estar atentos”, recalcó.

Asimismo explicó que los objetivos se plasmarán en acciones y medidas concretas a través de programas operativos anuales, “que en consecuencia deberán ir acompañados de indicadores medibles y evaluables para verificar su cumplimiento”.

En cuanto a los 107 millones de presupuesto, ambas asociaciones reusaron pronunciarse hasta conocer “su composición por partidas”, ya que el plan implica a varios ministerios (Sanidad y Política Social, Trabajo e Inmigración, Vivienda y Educación); comunidades autónómas, y ayuntamientos.