En la operación han sido detenidas tres personas, dos hombres y una mujer de 58, 31 y 33 años, y se está investigando a otro hombre de 28 años, todos ellos de nacionalidad española, como presuntos autores de los delitos de contrabando, contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y contra la Hacienda pública.

La investigación se inició tras una jornada formativa que organizó la Guardia Civil de Alicante con estanqueros, distribuidores y miembros de la Agencia Tributaria para luchar contra el contrabando de tabaco.

Fruto de este trabajo, y tras más de un mes de investigación, la Guardia Civil descubrió un envío de varias cajas a un domicilio de Olivares (Sevilla) a través de una empresa de transporte. La dirección que constaba en el albarán de las cajas era inexistente y la empresa había recibido una llamada, justo antes de la entrega, con un cambio de dirección.

En las cajas había unos 600 kilos de picadura de tabaco y su destinatario era un conocido distribuidor irregular de tabaco en Sevilla.

Tras las informaciones obtenidas, se localizó una nave en Elche que, según los indicios, se podía estar utilizando para almacenar, manipular y distribuir hojas de tabaco picado, por lo que los agentes procedieron a su registro e intervinieron más de 18 toneladas de tabaco ilegal.

EMPRESA PANTALLA

Aunque el aspecto de la nave era totalmente normal en cuanto a la actividad diaria de los empleados, los agentes descubrieron que, si bien la empresa estaba autorizada para esa actividad, estaba dada de alta en otro local distinto. Ese otro local había sido incluso inspeccionado por el Comisionado del Tabaco.

Además, las cantidades declaradas de tabaco manipulado no se correspondían con la cantidad de personas y el volumen de trabajo que se percibía en la nave.

Otra de las pistas que alertó a los investigadores fue la publicación en un medio de comunicación de un reportaje sobre la comercialización de residuos del tabaco para uso agrícola y ganadero, como fertilizante e insecticida. Mediante ese artículo el grupo criminal habría tratado de dar apariencia de legalidad a su actividad, pese a que la empresa carecía de las autorizaciones necesarias para la fabricación de ese tipo de productos.

Una vez destapado el entramado, la Guardia Civil ha descubierto que los detenidos utilizaban una empresa pantalla con la que compraban la materia prima, y luego se facturaba la venta de los productos, que realizaban a través de contactos directos y a través de páginas web.

Se estima que el grupo criminal operaba desde 2014 y que podría haber distribuido más de 54 toneladas de tabaco por todo el territorio nacional e incluso por Portugal, con un valor aproximado de más de ocho millones de euros.