Según los demandantes, se trata de la primera vez en la historia de España en la que se ha presentado una denuncia de estas características contra la venta de armas a un país extranjero.

Una de las abogadas, Inés Miranda, de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (Iajuws) y representante legal de la activista saharaui Aminatou Haidar, afirmó a los periodistas que Marruecos no es un país "merecedor de la venta de armas por parte de España", porque incumple los requisitos de la ley española 53/2007, sobre el comercio exterior de material de defensa.

Estos requisitos son, según Miranda, que "vulnera los derechos humanos, es un riesgo para la estabilidad en la zona, tiene un conflicto interno, no respeta el derecho internacional y la adquisición de armas produce un grave desequilibrio en su economía interna".

Miranda subrayó que Marruecos vulnera el derecho internacional con "la ocupación ilegal y violenta" del Sáhara Occidental y cuenta con "más de 50 presos de conciencia" por visitar campamentos de refugiados.

"Marruecos es el ejemplo claro de país que no debe ser beneficiario de ninguna licencia y de ninguna autorización de venta de armas por parte de España", añadió.

En este sentido, reclamó que "no se conceda ninguna autorización de venta de armas mientras persista esa situación de reiterada vulneración de los derechos humanos, que se revisen y revoquen las licencias concedidas y que se cumpla la ley a la hora de la concesión de las licencias".

ARMAS CONTRA LOS SAHARAUIS

Por su parte, Abdeslam Omar, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa), aseguró que Marruecos "está utilizando las armas que le vende España contra la población civil del Sáhara Occidental".

"Sabemos que cualquier armamento bélico va a ser utilizado contra la población saharaui y podría ser un aliento a la perpetuación de esta situación de violación de los derechos humanos, particularmente en un momento en el que se sigue deteniendo de manera arbitraria a decenas de activistas y defensores de los derechos humanos, de los cuales 31 están en huelga de hambre desde hace más de 24 días", indicó.

La denuncia también ha sido notificada a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Defensa y Doble Uso, entre cuyos integrantes, explicaron, están el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y el director general de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Además de Miranda y Omar, los abogados que presentaron la denuncia fueron Luis Acebal, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe); Alfredo Abad, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Gemma Arbesú, del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental; Ricardo Vázquez y Luis Mangrané, del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, y Dolores Travieso, de la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (Jupadehu).