Así queda reflejado en el sexto informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados. El documento indica que esta observación ha sido aceptado por la Administración, que va a realizar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Cádiz para garantizar la ampliación del servicio de asistencia jurídica.

Además, señala que "sigue sin prestarse asistencia psicológica y psiquiátrica" tanto en el centro de Algeciras como en el de Tarifa, "lo que sería recomendable a juicio del MNP, dadas las delicadas circunstancias en las que se encuentran las personas internas en estos centros", y añade que la Administración, no obstante, considera suficiente que los internos que lo requieran sean derivados a la unidad de psiquiatría del centro hospitalario de referencia.

El informe explica que en el año 2015 se efectuaron 2 visitas de seguimiento al CIE de Algeciras y otras dos a su anexo de Tarifa, cuyas dependencias se crearon para aliviar la saturación en Algeciras.

"No obstante", detalla, "en la práctica funciona de manera totalmente independiente, dándose además la circunstancia de que en la actualidad el CIE de Algeciras funciona de modo parcial, en tanto que las instalaciones de Tarifa presentan una mayor ocupación y unas mejores condiciones. En consecuencia, se ha trasladado a la DGP (Dirección General de la Policía) que debería contarse con la habilitación legal necesaria para un centro de estas características, lo que ha sido rechazado".

En las visitas se realizaron entrevistas reservadas con varios internos. En el CIE de Algeciras, la visita se centró en la revisión de la información sobre protección internacional que se facilita a los internos y en comprobar si los internos conocían dicha información, mientras que en la visita a Tarifa se preguntó por el trato de los agentes de custodia, incidentes en el CIE, registros personales, asistencia médica, contactos con el exterior, condiciones materiales, comida, ocio y otras cuestiones.

El documento indica que, en general, los internos —que en este caso presentaban la peculiaridad de que habían llegado al centro justo tras su entrada en el país— se mostraron conformes con el trato recibido y las condiciones del centro, salvo con respecto al frío y en algún caso la comida.

En cuanto a mejoras apreciadas desde las visitas anteriores y desde la aprobación del reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, en Tarifa se comprobó que se informa por escrito a los internos de la posibilidad de presentar 'habeas corpus', que se facilitan folletos e información sobre protección internacional en varios idiomas, que se han adoptado medidas para la seguridad de los internos (medios de extinción de incendios, sistemas sonoros de llamada), se han instalado bancos en los patios y se garantiza el acceso de los internos a sus pertenencias personales en cualquier momento.