Así lo señaló en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 'Una Justicia de futuro', auspiciado por Wolters Kluwer, donde afirmó que es el mejor momento político para llevarlo a cabo.

Además, Catalá ve necesaria la implantación de un sistema de seguimiento que permita casi en tiempo real su monitorización y control, de manera que todos los que están en el día a día de los problemas de la Justicia puedan aportar soluciones para corregirlos.

Se trataría, según explicó el ministro, de avanzar hacia un concepto de futuro como es el de la Justicia abierta, incluido ya en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de 2002, pero con una nueva acepción encaminada a promover un modelo de Estado abierto, vinculado a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración de los ciudadanos en el diseño o prestación de servicios públicos.

CUATRO ACUERDOS PRINCIPALES

Para ello, estima que ha de sustentarse en cuatro acuerdos principales. El primero de ellos es un consenso para la regeneración, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por tanto, sería necesario mejorar la percepción de independencia del Poder Judicial a través de un blindaje del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las interferencias políticas y la regulación de las puertas giratorias entre la Justicia y la política.

Además, concretó Catalá, habría que seguir cerrando espacios de impunidad a la corrupción a través de vías como la prohibición por ley del indulto a los corruptos, la reforma y limitación de los aforamientos y la regulación de los lobbies. La ejemplaridad como exigencia básica ante la corrupción devolvería, en su opinión, el prestigio a la actividad política y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El segundo de los acuerdos comportaría necesariamente la agilidad y calidad de la Justicia; y el tercero el perfeccionamiento del modelo de protección a los colectivos más vulnerables, desde las víctimas de violencia de género a los menores.

Por último, explicó Catalá, se requiere la transformación tecnológica de la Justicia, de cuyo impulso definitivo depende su futuro.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

Como ejemplo de estos avances destacó que en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia dos de cada tres juzgados ya trabajan íntegramente de forma electrónica, lo que permite que un 70% de los escritos se presenten electrónicamente y el tiempo de tramitación de documentos se haya reducido de 60 a 19 días.

Se trata de una modernización tecnológica que requiere la transferencia por parte del Estado de 12 millones de euros entre 2015 y 2016.

Catalá concluyó su intervención asegurando que la reforma de la Justicia es urgente e inaplazable, exige la cooperación y el diálogo de todos para encontrar soluciones inteligentes y compartidas y este es el momento propicio para impulsar el cambio.