El encuentro, que tendrá lugar en el Auditorio del Palacio de Congresos de Girona, a las 10.00 horas, reunirá a las más de 300 comisiones organizadoras locales.

La propuesta que se someterá a debate y votación establece la constitución de una comisión promotora "unitaria y transversal" que presente una Iniciativa Popular (IP) al Parlamento regional con el objetivo de que se convoque un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Esta propuesta tiene su base en el texto que aprobó el consejo plenario del 24 de octubre de 2009 en Arenys de Munt, para promover la convocatoria de un referéndum vinculante.

La IP se presentará en el marco de la posibilidad que ofrece la nueva Ley de Consultas Populares por vía de referéndum, aprobada el pasado 10 de marzo por el Parlamento de Cataluña, que en su artículo 21 establece que los ciudadanos de Cataluña, en ejercicio del derecho que reconoce el artículo 29.6 del Estatuto, pueden promover la convocatoria de una consulta popular en el ámbito de Cataluña si está avalada, al menos, por el 3% de la población.

Si la mesa del Parlamento acepta a trámite la IP, será necesaria la recogida de unas 220.000 firmas para que la convocatoria se someta, finalmente, a votación en el pleno del Parlamento de Cataluña.

La propia Ley especifica, sin embargo, una serie de condiciones que deberán cumplir los referéndums convocados, como que el objeto del mismo corresponda a competencias de la Generalitat, que sólo tengan carácter consultivo y la autorización final del Estado.

Respeto a estas tres condiciones, la coordinadora considera que ninguna de ellas impide la convocatoria de un referéndum dado que "el Parlamento, en ejercicio de sus competencias, ha reconocido el derecho a la autodeterminación de Cataluña".

Además, aseguran que la Generalitat tiene la potestad de considerar este referéndum como vinculante y así lo pedirá específicamente la organización.

Del mismo modo, si llegado el caso, el Estado español no autoriza la convocatoria del referéndum, avisan que "se creará un conflicto internacional importante y, en cualquier caso, exigiremos al Parlamento de Cataluña que convoque igualmente el referéndum, entendiendo que es la máxima institución representativa de la soberanía del pueblo de Cataluña y, por lo tanto, no se debe someter a la imposición del Estado".

Desde que se presente en el Parlamento, la IP necesitará alrededor de un año para cumplir con todos los trámites requeridos por la Ley de Consultas. La Coordinadora señala que presentando la IP con la mayor brevedad posible, el referéndum se convocaría entre la primavera y el otoño del año 2011, meses después de que concluyan las oleadas de consultas sobre la independencia en los distintos municipios catalanes.