Según recuerda la institución, la normativa europea obliga a los transportistas aéreos a compensar y asistir a los pasajeros en caso de denegación de embarque y cancelación, o gran retraso de los vuelos.

El Defensor del Pueblo se suma así a la actuación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que ha abierto un expediente a Vueling, y a la Agencia Catalana de Consumo, que ha remitido dos requerimientos a la compañía para conocer el motivo de los retrasos.

Por su parte, la institución que encabeza Soledad Becerril quiere saber si se han hecho efectivas las medidas compensatorias y de asistencia que establece la normativa europea.