En concreto, Varela ha dictado este miércoles un auto con el que transforma en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra Garzón, lo que en la práctica significa iniciar la fase de preparación de juicio oral.

A partir de ahora, Falange Española, Manos Limpias y Libertad e Identidad, quienes ejercen la acusación sin la concurrencia de la Fiscalía, tienen diez días de plazo para solicitar al Tribunal Supremo la apertura de juicio oral y para presentar sus escritos para sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional.

En el auto dictado hoy, Varela acusa a Garzón de ser consciente de “su falta de competencia” para iniciar la investigación de los crímenes del franquismo y de que los hechos denunciados “carecían de relevancia penal” por lo que “construyó una artificiosa argumentación” para sostener su instrucción.

El instructor establece por lo tanto que ya se han practicado las diligencias pertinentes por lo que da por concluida la fase de investigación y decide llevarle a juicio para que sea la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quien determine si Garzón cometió o no un delito de prevaricación.

SUPLANTAR A LOS DIPUTADOS

Varela acusa a Garzón de haberse extralimitado en sus funciones y haber tratado de suplantar la función que corresponde a los diputados y senadores al querer dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.

El instructor señala que no corresponde a un juez penal llevar a cabo una “teorización” sobre la legislación ni aplicar una “imaginación creativa, por muy honesta o bienintencionada que se autoproclame”.

Para Varela, la única “razón de ser” de un juez en una verdadera sociedad democrática es “la recta aplicación de la ley vigente”, una tarea “que no siempre será compatible con el seguimiento de la opinión, más o menos homogénea, de juristas de relevancia pública”.

Este debate público sólo puede enriquecer, prosigue el instructor, “a quienes tienen la responsabilidad política de conformar el ordenamiento jurídico”. Sólo los partidos políticos que obtengan la mayoría parlamentaria suficiente pueden hacer efectivos “aquellos anhelos de justicia promoviendo y aprobando las oportunas modificaciones legislativas”.

CONTROLAR LAS EXHUMACIONES

Varela asegura que la verdadera intención de Garzón con su investigación era “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar” y para ello decidió conscientemente superar la limitación que la ley imponía y los “principios esenciales del Estado de Derecho”.

El juez de la Audiencia Nacional era consciente “de su falta de competencia y de que los hechos denunciados carecían de relevancia penal” por lo que “construyó una artificiosa argumentación” para sostener su investigación.

El auto dictado hoy asegura que Garzón sólo decidió por fin a su investigación cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dejó “sin posibilidad de control de las exhumaciones”.

RECHAZA LAS PRUEBAS DE GARZÓN

Varela se niega además a practicar las pruebas de descargo que había solicitado para su defensa. En el auto, el instructor asegura que las nuevas diligencias solicitadas por el magistrado de la Audiencia Nacional “exceden” la fase de instrucción de la causa.

El juez del Alto Tribunal afirma que tanto el comportamiento como la intencionalidad de Garzón a la hora de declarase competente para investigar los crímenes del franquismo ya han sido investigadas suficientemente por lo que considera que las nuevas pruebas solicitadas por el magistrado “nada puedan aportar”. Además, critica en su auto que Garzón solicitase la práctica de nuevas pruebas “abandonando su anterior actitud de apremio” para que finalizase la fase de instrucción.

Entre otras pruebas, Garzón solicitó la declaración como testigos de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saéz Valcárcel.

Estos tres jueces discreparon a través de votos particulares de la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se declaró que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo.

El juez también pidió la declaración como testigo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para que aclare la postura mantenida por su departamento a la largo de la instrucción de la causa abierta por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Asimismo, solicitó la declaración de un total de siete expertos internacionales en la persecución de los crímenes contra la humanidad.

Sobre estos expertos, Varela subraya que no hace falta que nadie le venga a ilustrar sobre “lo horrendo de los crímenes relativos a secuestros de niños” “Aún en la hipótesis de que el instructor careciera de capacidad propia para tal valoración, esa constatación nada añadiría ni restaría a las razones de la imputación”, señala el auto.

SUSPENSIÓN CAUTELAR

A principios de febrero, Varela ya adelantó en un auto su postura al asegurar que Garzón “decidió conscientemente ignorar y orillar” la legislación con su investigación del franquismo, lo que a su entender “puede constituir un delito de prevaricación”. Estas tesis fueron avaladas el pasado 25 de marzo por los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, quienes rechazaron los recursos presentados por Garzón contra la causa abierta por Varela.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá decidir ahora si suspende cautelarmente al magistrado ya que concurren todos los requisitos necesarios para poder apartar a un juez de sus funciones.

Además de por su instrucción de los crímenes del franquismo, Garzón está siendo investigado en el Tribunal Supremo por las subvenciones del Banco Santander de sus cursos en Nueva York y por haber ordenado intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados.