El artículo, realizado con datos de 1990, fue presentado en rueda de prnsa por su autor, José María Martínez Caballero, subdirector general de Análisis, Evaluación y Estadística.

Navarra y País Vasco gastan por encima de las 200.000 pesetas por habitante, seguidas de Andalucía y Cataluña, con más de 150.000 pesetas por habitante, y Valencia, Canarias y Galicia, con más de 100.000.

Entre 50.000 y 100.000 pesetas se colocan La Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Asturias, Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León. Por debajo de 50.000 pesetas sólo figura Baleare.

Martínez Caballero destacó que el gasto presupuestado por las comunidades se elevó en 1990 a 4.476.608 millones de pesetas, lo que representa el 23,9 por ciento del total del gasto público previsto para ese ejercicio, frente a un 59,6 por cien del Estado y un 16,5 por cien de las Entidades Locales.

Estas cifras ponen de manifiesto el fuerte proceso de descentralización experimentado desde 1984, ya que la participación de las comunidades en el gasto público ascendía entonces al 14,4 por cien y e del Estado al 72,6 por cien.

GASTO SOCIAL

El destino del gasto realizado por las comunidades es preferentemente de carácter social, ya que un 60,61 por cien se destinó a sanidad, educación, vivienda, bienestar comunitario y cultura. Destacan los casos de Valencia y Cataluña, en los que esa cifra se eleva hasta el 76,9 y el 72,7 por cien, respectivamente.

Los siguientes capítulos más importantes de gasto son los de infraestructuras e investigación, que absorben un 12,34 por cien, y la financiacón de la deuda, con un 3,45 por cien de media, que llega hasta el 15 por cien en el caso de Cantabria.

Para efectuar este gasto, los gobiernos regionales dependen básicamente de las transferencias del Estado, que representan el 68,5 por cien de sus ingresos. El resto se reparte, sobre todo, entre impuestos y tasas (15,9 por cien) y el recurso al endeudamiento (11,3).

Martínez Caballero subrayó que el gasto realizado por las comunidades está muy próximo al esquema de reparto planteado por los partdarios de una descentralización cuasi federal del gasto, consistente en que el 50 por cien corra a cargo del Estado, un 25 por cien de los gobiernos regionales y otro 25 de los ayuntamientos.