En una rueda de prensa en Madrid, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, afirmó que "prácticamente ninguna persona que sufrió violaciones de derechos humanos en Europa durante la guerra contra el terror durante la etapa de George W. Bush como presidente de Estados Unidos ha tenido derecho a la verdad, la justicia y la reparación".

Señaló que la Presidencia española de la UE "se ha mantenido en silencio" y "no ha impulsado en absoluto" medidas que garanticen que no vuelvan a producirse estos hechos.

Además, recordó que un informe de Naciones Unidas apuntó a Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Reino Unido y Rumanía como países europeos con "supuesta complicidad en el marco de la 'guerra contra el terror' que han hecho muy poco para investigar lo que ocurrió".

Por otro lado, Beltrán acusó al Gobierno español de "falta de voluntad política" en relación a los derechos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo.

"Si hay una política coherente en la UE es cómo hacer para expulsar lo más rápido posible a los inmigrantes. Esta tendencia ha continuado durante la Presidencia española", agregó.

En el capítulo de "sombras", Beltrán también comentó que la comunidad gitana, que agrupa a unos 12 millones de personas en la UE, "sufren discriminación, desalojos forzosos y falta de derecho a la salud y la educación", y mencionó los casos de Italia, la República Checa y Hungría.

“LUCES”

Por lo que respecta a las “luces”, Amnistía Internacional destacó el compromiso de España para impulsar una moratoria mundial contra la pena de muerte, a pesar de que en Bielorrusia se han ejecutado recientemente a dos personas "y la UE tardó diez días en reaccionar".

Además, alabó los "esfuerzos genuinos" de España en relación a la violencia contra la mujer, con la creación del Observatorio Europeo sobre Violencia de Género, y el impulso de una directiva contra la discriminación, pese a la oposición frontal de Alemania.

Beltrán reconoció el interés de España en solucionar diez casos de personas en situación de riesgo, pero criticó que sólo trabaje por los siete de países no comunitarios y no los tres de la UE: un francés presuntamente golpeado por la policía en Francia, una familia gitana desalojada forzosamente en Rumanía y un etíope residente en el Reino Unido que fue presuntamente torturado por los servicios de inteligencia británicos.