Durante la presentación del informe sobre ‘Libertad Económica en el Mundo’, Rosell aseguró que quien esté en la lista “apechugue” pero que también se publique “qué ayuntamientos y empresas estatales y a qué proveedores no paga”.

En este sentido, el presidente de la CEOE aseguró que en el caso de ser un proveedor, “me gustaría que si el ayuntamiento no paga, se dijera en público esta situación”.

Por ello, propuso buscar “fórmula imaginativas” para obligar a cumplir la Ley de Morosidad de los 60 días porque “un país serio, normal y lógico tiene que cumplir las leyes y, hasta el momento, esta ley no se está cumpliendo”.

Además, el presidente de Freemarket Corporative Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, denunció la “asimetría” que existe en el trato que el sector público tiene con respecto a los ciudadanos y al propio sistema. “Es inaceptable que la Administración pública trate de manera distinta a los ciudadanos a como se trata de sí mismo”.

Por ello, apuntó en la misma dirección que Rosell y reclamó que “si el sector público no cumple la ley, debería salir en la lista”.