Estas actuaciones se incardinan en un procedimiento judicial iniciado por querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que ha culminado unas diligencias de investigación iniciadas en noviembre de 2014 tras recibir la denuncia presentada por el presidente de la entidad pública empresarial Administración de Estructuras Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF).

La denuncia presentada por ADIF ante la Fiscalía Anticorrupción manifestaba que en tres obras públicas de la alta velocidad en la zona de la estación de La Sagrera en Barcelona se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se habría ejecutado.

De este modo, supuestamente, se habrían emitido de forma reiterada e intencional sucesivas certificaciones de obra con unos importes muy superiores a los trabajos efectivamente realizados por las empresas contratistas.

En su denuncia, el ente público ADIF cuantificaba el supuesto sobrecoste total de las tres obras en más de 82 millones de euros. Los proyectos a los que se refería la denuncia de ADIF Alta Velocidad son la construcción de los accesos a la estación de la Sagrera, la construcción de la estructura de la estación y la plataforma de la línea de alta velocidad en el Sector Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad.

A fin de constatar la verosimilitud de los indicios de criminalidad apreciados por el denunciante se tramitaron diligencias de investigación de la Fiscalía hasta verificar efectivamente la consistencia de los mismos. Tanto es así que incluso se detectó un proyecto complementario a una de las contratas donde las cantidades habrían sido igualmente hinchadas.

En el presente estado de la investigación se estima que en las conductas investigadas han participado no sólo funcionarios directamente relacionados con las obras sino también diferentes empleados de empresas privadas encargadas del auxilio técnico a los anteriores, así como personal directivo de las empresas contratistas beneficiadas por el desvío de dinero público.

Existen al respecto sólidos indicios de que el falseamiento de las certificaciones de obra respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, las cuales habrían estado percibiendo de este modo sumas de dinero público muy superiores a las que realmente les correspondía recibir.

Se están registrando 15 domicilios, tanto particulares como sedes profesionales de los diversos entes públicos y privados que participan en las obras. Se ha procedido a detener a un total de 14 personas, tratándose de empleados de dichos entes que han tenido un papel relevante en la ejecución y certificación de las obras objeto de la investigación.