En su opinión, “las disposiciones que regulan el consentimiento informado en cuestiones de salud, sanidad e investigación biomédica han de modificarse para que no entren en conflicto con el citado tratado internacional”. En éste se establece que el consentimiento informado es un requisito esencial de la atención de salud que ha de prestarse a las personas con discapacidad.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta, según el Cermi, sería el cambio en la manera de abordar la cuestión de la capacidad jurídica en las situaciones en las que una persona con discapacidad puede necesitar apoyos para la toma de decisiones que afecten a su persona y a su salud. La Convención supone el abandono del modelo de “sustitución en la toma de decisiones”, en el que se inspira la institución de la incapacitación, al modelo de “apoyo o asistencia en la toma de decisiones”.

Según el Cermi, “los cambios normativos han de estar orientados a que el protagonismo en la toma de decisiones lo tengan las personas con discapacidad, garantizando medidas de apoyo para la toma de decisiones en el grado y ámbitos que la persona requiera, según sus necesidades concretas”.