Según dijo, “afortunadamente” el Estado de Derecho determina que son los jueces “los que imputan o no, y si hay o no pruebas de hechos delictivos, y no un medio de comunicación o el Ministerio Fiscal”. “Hay que mantener ese razonable equilibrio”, sostuvo.

A juicio del jefe del Ejecutivo, es “fundamental el principio de que el que la hace la paga”, y por ello, dijo, los partidos políticos “no deben permitir en absoluto el mínimo atisbo de desvío y corrupción cuando se trata del buen fin y destino de recursos públicos, que son especialmente limitados”.

En esta línea, Herrera envió tres mensajes a la ciudadanía de confianza, tranquilidad y responsabilidad. Sobre este último, explicó que la Junta, las fuerzas políticas de la comunidad y el conjunto de la sociedad deben tener un “consentimiento cero con aquellos que se desvíen en la utilización de los recursos públicos”, y manifestó que él es uno de los “primeros interesados” en conocer el sumario, “que debe determinar ya actuaciones judiciales”.

En este sentido, insistió en que tienen que ser los jueces los que marquen el futuro de estos procedimientos, “sobre la base de hechos ciertos, comprobados y fundados”.

“Este es el momento para finalizar con esta especie de trinca y falta de capacidad de defensa de algunas personas a las cuales se ha aludido sin capacidad de acceder a esa información a lo largo de los últimos meses”, comentó el presidente, quien se mostró partidario de que “caiga todo el peso de la ley en aquellas personas que se hayan desviado, sobre todo del principio de honestidad en política”.

El presidente regional del PP, quien definió de “copiosísima y esperada” la información del sumario de Gürtel, remarcó la coincidencia, “en todos los medios de información y como no podía ser de otra manera”, de que no existen indicios que vinculen casos de corrupción económica o política con una presunta financiación irregular del PP en Castilla y León.

A pesar de ese mensaje, Herrera reconoció que estos acontecimientos y la posible acción “punible y delincuente” de algunos responsables políticos está provocando una “quiebra de la confianza en el sector político”.

Por último, lanzó un tercer mensaje, de tranquilidad, en relación al expediente de contratación de la variante de la localidad de Olleros de Alba (León) sobre el cual se “especulan y vinculan determinadas corrupciones políticas ajenas a las propiamente referidas en el expediente administrativo”.

A su juicio, pone en duda “la buena labor” que en su momento realizaron las personas responsables de la mesa de contratación de esa obra. “Hemos revisado por activa, por pasiva y perifrástica ese expediente, dando cuenta a las Cortes con la comparecencia del consejero actual de Fomento, Antonio Silván, y con el envío hace un año al juez instructor de la causa”, concluyó.