En declaraciones a Servimedia, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, se pronunciaba así tras hacerse públicas conversaciones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña.

La Oficina Antifraude es una institución independiente adscrita al Parlamento de Cataluña, que tiene atribuido el control de la contratación en el sector público y la investigación de los casos de corrupción.

Mollinedo señaló que el homólogo estatal a este organismo sería la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

“Para el funcionamiento independiente que deben tener instituciones como la Oficina Antifraude de Cataluña, la IGAE o la Agencia Tributaria no es lo más recomendable que se den indicaciones sobre los objetivos de una investigación”, indicó.

El secretario general del Gestha pidió una reforma que reparta de manera pormenorizada y entre el mayor número de funcionarios las tareas de estas instituciones, para que “la pirámide se achate”.

En este sentido, señaló que ahora “muy pocas manos tienen mucho poder” y que si bien eso no presupone que pueda haber una mala conducta, puede ser “más proclive a que se pierda la objetividad”.

“Se podrá tocar a uno, pero no a los 20 entre los que se ha repartido”, dijo Mollinedo, quien también reclamó que se proteja a quienes advierten de malas prácticas.

Por otra parte, el responsable de Gestha apuntó que este caso hace recordar como en los últimos años el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, “ha dado muestras de tener información muy concreta de personas que no le eran afines” y “ha aireado, incluso desde la tribuna del Congreso de los Diputados, la debilidad fiscal de políticos, tertulianos o actores”.