El encuentro, en el que participaron representantes del Cermi, de los partidos políticos PSOE y CiU, del Imserso y de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), concluyó que aún queda mucho trabajo por hacer, que es necesario mejorar la financiación, ajustar cada caso a sus necesidades y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo espacio socio-sanitario.

Para Paulino Azúa, comisionado del Cermi de Autonomía Personal, el principal temor sigue siendo que se identifique discapacidad y dependencia. En este sentido, señala que el movimiento asociativo apuesta por la vertiente de la autonomía personal, por lo que reclama que la ley proporcione las ayudas más adecuadas para alcanzar dicha autonomía.

Carles Campuzano, de CiU, critica que el crecimiento de la cobertura de la dependencia se ha producido básicamente a través de la fórmula del cuidador familiar. "Cerca del 50% de las prestaciones que se reciben son cuidadores familiares", afirma.

Así, advierte de que tal y como está funcionando, no está garantizando la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, "sino que quizá se está convirtiendo en un complemento salarial para situaciones complicadas que pasan muchas familias".

RECONOCER A LAS CUIDADORAS

Sin embargo, la directora general del Imserso, Purificación Causapié, no comparte la idea de que las prestaciones económicas son la regla y no la excepción. Según dice, son un 45% de las prestaciones o servicios que se están dando y están recogiendo una realidad de este país, donde había muchas mujeres que se dedicaban al cuidado de personas en su entorno familiar. Se ha producido un reconocimiento", opina.

Por otro lado, José Luis Meler y de Ugarte, presidente de Ceoma (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), aborda el tema de la financiación y considera que "el principal problema de la ley es la escasa financiación de la que está dotada, que ha impedido su puesta en marcha definitiva".

En cualquier caso, todos los integrantes de la mesa abogan por dar una oportunidad más a la ley, a pesar de sus defectos iniciales, "ya que sólo lleva tres años de camino y promete convertirse en un pilar fundamental del bienestar del país".

Marisol Pérez, del PSOE, sugiere la oportunidad de crear en el Congreso de los Diputados una subcomisión sociosanitaria sobre la ley para avanzar en su evaluación y acompañar en esta tarea al propio ministerio y a las comunidades autónomas.

La directora general del Imserso concluye que "queda un largo recorrido", pero que de alguna manera en este momento están puestas bases, "que ya son sólidas y un camino en el que ya hay muchas personas que están siendo beneficiarias y atendidas".