Según explicó Marín Quemada en su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica en la UIMP, con el patrocinio de BBVA, este es un paso más en su lucha contra los cárteles, tras el dado recientemente de empezar a multar a personas físicas.

“Tenemos el objetivo irrenunciable de la consecución del interés general”, aseguró el máximo responsable del órgano supervisor, quien sostuvo que, para ello, “las sanciones deben ser proporcionales y disuasorias”, aunque admitió que “son lo último a lo que hay que acudir”.

En cuanto a imponer la imposibilidad de que las empresas infractoras participen en concursos públicos, lamentó que dicha opción no haya estado vigente hasta ahora, por lo que solo puede aplicarse a ilícitos cometidos desde 2015, ya que considera que hubiera sido muy útil para enfrentarse a cárteles como el de los residuos, que “estuvo imponiendo precios excesivos a ayuntamientos de toda España”.

Sobre las sanciones a directivos, que pueden alcanzar los 60.000 euros, destacó que sirven para “pasar el mensaje de que hay responsabilidades personales en todo esto”.

En esta línea, indicó que los primeros directivos sancionados participaron en un cártel, el de los pañales para mayores, “un segmento frágil de la sociedad”, además de afectar también a la Seguridad Social.

Preguntado por si se debería sancionar a los máximos responsables de las empresas y no a mandos intermedios, indicó que su institución sanciona con pruebas, por lo que debe atenerse a la documentación que encuentra en los registros.

El pasado año, la CNMC desmanteló un total de 14 cárteles, a los que impuso sanciones por valor de 550 millones de euros.

Marín Quemada fue preguntado también por la actuación de los tribunales con las multas de su organismo y sobre la sensación de que muchas de ellas acaban siendo anuladas.

A este respecto, tras expresar su deseo de que “no se dilataran tanto los procesos”, admitió que algunas de sus decisiones decaen o se suspenden pero aseguró que “es una minoría de casos” y que los jueces no entran en el fondo de los asuntos.