Son las principales conclusiones la memoria del Proyecto Esperanza-Adoratrices, que trabaja con estas víctimas desde 1999 y que reclama una mayor sensibilización social para denunciar esta vulneración de derechos, no sólo referidos a la explotación sexual.

La memoria, publicada este martes, también refleja que el 60% de las supervivientes son jóvenes inmigrantes de entre 18 y 30 años de edad, y solteras en un 66% de los casos.

En cuanto a la procedencia de las mujeres, continúan siendo mayoría, con un 63%, las mujeres de origen subsahariano (destacando Nigeria con un 50%), mientras que el resto corresponde a mujeres originarias de América Latina (16%), de Europa del Este (15%) y de Asia (4%).

COMUNICACIONES

Asimismo, durante el pasado año, el equipo de identificación atendió 160 comunicaciones en relación con posibles casos, de las que en 110 (un 69% de los casos) se detectaron indicios de poder estar ante un presunto caso de trata.

El 48% de las comunicaciones fueron derivadas por instituciones públicas, especialmente de las Fuerzas de Seguridad del Estado y en su mayoría del Cuerpo Nacional de Policía.

Ante este contexto, la coordinadora de proyecto, Marta González, insiste en que siguen observando “con preocupación” la casi nula derivación de casos de trata para otros fines de explotación distintos a la explotación sexual.

“Tanto las autoridades, como sociedad civil, no estamos sabiendo detectar, ni darle la relevancia ni la importancia que requieren los casos de trata para explotación en sectores laborales, en la mendicidad, matrimonios forzados o trata para comisión de actividades delictivas o tráfico de órganos. A pesar de que todas estas formas de trata están igualmente tipificadas en nuestro Código Penal, en la práctica estos casos siguen sin emerger, no porque no existan, sino por falta de concienciación, formación y medios”, recalca González.

TESTIGOS PROTEGIDOS

La memoria también se hace eco de que el departamento jurídico de Adoratrices atendió el pasado año a 89 mujeres, aunque lamentan que sólo cuatro de las 11 mujeres que lo solicitaron obtuvieron la condición de testigos protegidos y se concedió a nueve el periodo de reflexión (lo pidieron 12).

Asimismo, la organización se hace eco de que ya se han expedido las primeras tarjetas de residencia permanentes por parte de la Secretaria de Estado de Seguridad, aunque subraya que “en todos los casos se ha exigido haber llegado a sentencias condenatorias”.