Los arrendatarios que comuniquen a la Administración su intención de ejrcitar el derecho de acceso a la propiedad podrán acogerse a subvenciones y créditos "blandos", en una cantidad que estará en función del precio de la tierra y de los solicitantes, entre otros factores.

El proyecto determina un procedimiento para fijar el precio de las fincas, con el fin de facilitar el entendimiento entre las partes. También regula el derecho de los arrendatarios mayores de 55 años a continuar la explotación hasta la jubilación, aunque sin posibilidad de subrogación. La edad media deestos arrendatarios es de 52 años.

Otra de las medidas sociales que recoge la ley es que, en el caso de que la vivienda se encuentre en la misma explotación, el arrendatario podrá seguir en la casa hasta su fallecimiento y el de su cónyuge.

Asimismo, está prevista la concesión de una indemnización para el caso de que el arrendatario, a requerimiento del arrendador, deje al explotación al finalizar al año agrícola en el que se extingue el contrato de arrendamiento.

Según el Gobierno, esta leypretende solucionar un problema social que afecta sobre todo a Galicia y Asturias, dando una nueva prórroga al plazo establecido por una norma promulgada en 1987 y que finalizaba en febrero de 1992.

Hasta ahora, a las ayudas establecidas sólo se acogieron 456 titulares de explotaciones, que obtuvieron unos 1.300 millones, de los que 274 millones eran subvenciones y el resto créditos "blandos", según datos facilitados a Servimedia por el Ministerio de Agricultura.