Este es el diagnóstico de Carlos Olano Fernández, subdirector general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, del Ministerio de Economía, en un análisis que publica el último número de la revista "Cuadernos de Actualidad", del Instituto de Estudios Fiscales.

Olano señala que, de acuerdo con el censo municipal de población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en 1991, resulta que 5.985 de los 8.070 municipios españoles tienen menos de 2.000 habitantes.

"En términs generales", añade, "y salvo que estos núcleos dispongan de un patrimonio susceptible de rentabilizar económicamente (montes, tierras de labor, etc) se puede decir que tales municipios carecen de una capacidad financiera suficiente para prestar los servicios públicos, siquiera obligatorios, en términos de una calidad mínimamente razonables".

A su juicio, "en una estimación a 'grosso modo' de las consecuencias de este fenómeno, y al margen de cualquier polémica que se pueda plantear en relación con custiones de tipo electoral, se puede afirmar que un 60 por ciento de los municipios españoles están en una situación de pobreza más o menos extrema".

"Sin que exista", añade, "una fórmula coherente desde la vertiente económica capaz de solucionar de forma eficiente el problema y dar a su vez cumplimiento al principio de suficiencia financiera que preconiza el artículo 142 de la Constitución Española como base de la autonomía municipal y del desarrollo de los servicios públicos en régimen de igualdad, squiera relativa, en relación con el resto de las entidades locales de mayor dimensión".

El subdirector general de Coordinación con las Haciendas Territoriales aboga, entre otras cosas, por proceder a una racionalización de la organización territorial que, sin llegar al sistema de Alemania, que ha fijado en 10.000 habitantes el núcleo de población básico para la prestación de servicios por los gobiernos locales, haga posible "la consecución de ciertas economías de escala compatibles con una mayor calidd en los servicios públicos locales".

DEFICIT CRONICO

Por otra parte, el informe señala que los ayuntamientos han descansado excesivamente en el Estado para su financiación y han confiado en resolver sus problemas financieros con un aumento de las transferencias procedentes de la Administración Central, "lo cual en estos momentos resulta racionalmente impracticable".

"Sobre esta base, más ilusoria que real, se ha producido una fuerte aceleración del gasto público local que, con importantes exceciones, ha conducido a una parte importante del sector a situaciones de un déficit crónico no superable en el medio y corto plazo, generando una cierta desconfianza en cuanto a la eficacia y buen criterio en el manejo de los recursos públicos por parte de ciertos ayuntamientos", señala.

Olano también lanza la voz de alarma ante el hecho de que "las propias entidades locales, en algunos supuestos y en un deseo de participación activa en el desarrollo económico en sus respectivas áreas geográficas, han bierto el cauce de la intervención directa y participación en actividades mercantiles privadas mediante la concesión de avales y participación en empresas mercantiles productoras de bienes y servicios en régimen de mercado".

"Si a esto se añade", agrega el informe, "una política interna ciertamente expansiva en cuanto al volumen de los gastos de personal, detectada en los últimos años, se puede concluir que este fenómeno asociado a la crisis económica puede ser la causa de buena parte de los déficit dtectados en algunas entidades locales".

PLANES DE AJUSTE

Otro factor que se suma a los anteriores es el agotamiento de los márgenes de ahorro bruto necesario para la cobertura de las cargas financieras generadas, lo que provoca "la necesidad urgente de la adopción de planes de ajuste y viabilidad financiera en las corporaciones más afectadas por las circunstancias analizadas".

El autor del informe lamenta que los gestores municipales de estas corporaciones no hayan frenado el endeudamiento, "pesando de forma errática, como en algunos casos se ha puesto de manifiesto, en una nueva acción del Estado tendente a sanear las Haciendas Locales de idéntico corte a las producidas a partir de 1979, o en la existencia de una garantía implícita de cobertura financiera por parte del Estado como responsable subsidiario de la gestión local exigible en último caso".

Todos estos problemas de financiación local no han podido resolverse hasta ahora dotando a las corporaciones locales de un sistema fiscal con ayor capacidad recaudatoria, en parte debido a la resistencia de los contribuyentes afectados, particularmente en lo que se refiere a la revisión catastral y la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

A juicio de Olano, frente a esta situación, "se hace imprescindible la adopción de planes de ajuste o estabilización que permitan a largo y medio plazo recuperar el equilibrio financiero en las corporaciones más afectadas".

Las medidas de imprescindible aplicación son el establecimiento d "una presión fiscal en términos razonables en los tributos de exacción obligatoria", la reducción de gastos excesivos y la disminución de los gastos de personal.

Además, habría que elevar las tasas y precios de servicios municipales "con el fin de evitar subvenciones veladas a costa del propio municipio a veces injustas o desproporcionadas".

Igualmente, propone un mayor esfuerzo para, aprovechando las circunstancias del mercado, rebajar las cargas financieras de la deuda municipal, "de forma quese favorezca la consecución más rápida de los objetivos de los respectivos planes".