La Benemérita explicó, a través de un comunicado, que la organización estaba liderada por uno de los presos, que, jerárquicamente, disponía de otros colaboradores para adquirir la droga, introducirla en la cárcel, proceder al cobro de las sustancias y distribuirla entre los presos.

Los agentes pudieron descubrir que el líder de la organización había ideado un sofisticado sistema para proceder al cobro de los compradores de la droga. En los centros penitenciarios españoles está prohibido el dinero de curso legal, los reclusos disponen de una tarjeta que facilita el centro con el denominado peculio (dinero de no curso legal que sirve para adquirir productos en los economatos de las cárceles).

Por ello, los presos comunicaban a sus familiares del exterior el importe necesario para adquirir las sustancias y éstos lo hacían efectivo en distintas oficinas de Correos mediante un giro nominativo a favor del cabecilla de la organización. Posteriormente, éste verificaba con su padre la correspondencia del número de localizador del documento postal, con la cantidad de droga a entregar al preso. El coste era muy superior al habitual en el mercado negro.

De los dos registros domiciliarios practicados y de las inspecciones realizadas en el centro penitenciario, a instancias del director del establecimiento penitenciario, se han intervenido cuatro kilos de resina de hachís, 104 dosis de heroína, 4.000 euros, 11 teléfonos móviles, un revólver, 12 cartuchos de munición y abundante documentación.