Así figura en un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado "Los derechos humanos en la dimensión de la pobreza en Afganistán".

"El abuso de poder es clave de la pobreza en Afganistán. Los intereses creados, con frecuencia, configuran la agenda pública, ya sea en relación a la ley, la política o la asignación de recursos".

En consecuencia, indica el informe, "el Gobierno es incapaz de prestar servicios básicos, tales como seguridad, comida y vivienda. La corrupción generalizada limita aún más el acceso a los servicios de una gran proporción de la población".

"La pobreza no es ni casual ni inevitable en Afganistán", recoge el informe de la ONU, que atribuye la culpabilidad a "un enorme déficit de los derechos humanos, como la impunidad generalizada y la insuficiente inversión en la atención a los derechos humanos".

La ONU dibuja un "cuadro alarmante" para la población afgana ocho años después del Acuerdo de Bonn (Alemania), auspiciado por la ONU en 2002 y que prometía avances hacia la paz, la reconciliación, la reconstrucción y el desarrollo, para lo que la comunidad internacional ha destinado a Afganistán unos 35 millones de dólares (26 millones de euros).

Esta situación, indica el informe, hace a las personas pobres "muy vulnerables a cualquier acontecimiento adverso, como sequías, inundaciones, terremotos o un centro de salud cercano sin medicamentos".

La ONU señala que Afganistán tiene la segunda tasa más alta de mortalidad materna en el mundo y la tercera de mortalidad infantil, sólo un 23% de la población tiene acceso a agua potable y un 24% de los mayores de 15 años sabe leer y escribir, si bien la tasa de alfabetización es inferior en las mujeres y las poblaciones nómadas.

El informe se basó en una encuesta realizada a algunas de las comunidades más pobres de 14 provincias de Afganistán, así como en entrevistas de expertos locales y nacionales.