Así lo advierte la CNMC en el informe económico en legitimación activa sobre las restricciones a la competencia en el ámbito de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Además, Competencia sostiene que esta cuantificación es un umbral mínimo y conservador, puesto que no tiene en cuenta pérdidas de bienestar por ineficiencias productivas y dinámicas ni por un mayor tiempo de espera derivado de una menor disponibilidad de vehículos.

Las principales restricciones que incorpora la normativa del Ministerio de Fomento son establecer un límite cuantitativo en el segmento de VTC, obligar a prestar el servicio en la modalidad de pre-contratación o prohibir circular por las vías públicas o permanecer estacionados para contratar directamente con los clientes.

También obliga a alquilar la totalidad del vehículo, restringe geográficamente la libre prestación del servicio en territorio nacional y establece un número mínimo de vehículos y otros condicionantes.

En abril la CNMC interpuso un recurso contencioso administrativo dirigido a mejorar estas normas y evitar las restricciones injustificadas a la competencia que perjudican al conjunto de la sociedad.

De acuerdo con el informe económico, el efecto de estas restricciones es restringir la competencia en el transporte urbano de pasajeros y blindar el régimen de monopolio existente en la prestación de servicios de taxi.

Para la CNMC, ninguna de estas restricciones está justificada desde la óptica de la competencia ni de la regulación económica eficiente. Por este motivo, la CNMC solicita que sean retiradas del marco normativo.

Competencia considera que “la opción económica alineada con el interés general es establecer un régimen de libertad de entrada y libertad de precio en los mercados de transporte urbano de pasajeros en vehículo (taxi o VTC), con libre prestación del servicio en todo el territorio nacional”.

La CNMC está legitimada para impugnar ante los tribunales actos de las administraciones públicas y disposiciones generales de rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de una regulación económica eficiente y favorecedora de la competencia.