Este Consejo se crea por la Ley de Racionalización del Sector Público y tiene entre sus objetivos mejorar la participación social en la toma de decisiones y la formulación de políticas en materia de adicciones a través de la participación de los principales agentes sociales.

Estará formado por representantes de las administraciones públicas con competencias en materia de adicciones y de la Fiscalía General del Estado, así como por representantes de los principales agentes sociales. Con su puesta en marcha también se quiere mejorar la calidad y eficiencia de las políticas que se formulen, además de coordinar y cooperar con todos los agentes implicados, incluyendo la sociedad civil.

Durante la constitución de este Consejo, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babin, explicó que este organismo contempla su funcionamiento a través de grupos de trabajo especializados de carácter permanente, imprescindibles como generadores de espacios para el debate y la reflexión sobre la manera de abordar todas las facetas de las adicciones.