En un auto el juez se opone a poner en libertad a Granados, investigado por su participación en la 'trama Púnica' y advierte que su resolución no es firme porque en su contra cabe recurso de apelación.

Eta no es la primera vez que Granados ve denegada su solicitud de libertad. El juez indica en un auto de tres folios que “está analizándose en este momento una ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital, intervenida en los últimos registros realizados, documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos” de una posible financiación irregular del PP.

Granados es el único de los investigados en relación con la 'trama Púnica' que continúa en prisión, donde ingresó en octubre de 2014. El juez entiende que la necesidad de tomar declaración a más testigos y de identificar las relaciones con los adjudicatarios de obra pública “hace necesario el mantenimiento de la medida cautelar de prisión”.

El magistrado rechaza la petición de libertad de Francisco Granados ante la “sensibilidad de la investigación” que se desarrolla, así como por “los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo”.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 rechaza las alegaciones de la defensa de Granados para quedar en libertad, puesto que “en nada” desvirtúan los razonamientos por los que se acordó su ingreso en prisión.

Velasco, de conformidad con lo manifestado por la Fiscalía, considera que la investigación “está patentizando la realización de gran número de hechos delictivos con una significativa participación” de Granados, quien “ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etc, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones”.

Explica que se revela, además, “un uso indiscriminado” de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia “en un primer momento” le permitió controlar la venta de suelo público de la región.

Añade que “posteriores maniobras defraudatorias” (firma de varios convenios) le aseguraron presidir las mesas de contratación que proponían la adjudicación de los contratos financiados con Fondos Prisma, “gestionándose a cargo de dichos fondos durante los años 2006 a 2011 más de mil millones de euros”.