Transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del citado artículo, dicen en una nota de prensa, es momento de hacer balance de las consecuencias que ha tenido o puede tener para la administración de justicia.

Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia denuncian las deficiencias de su redacción, la falta de encaje sistemático en el sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación, que han llevado al límite a los juzgados de instrucción y a las fiscalías.

“Si se pretendía una agilización de la justicia, este no es el camino”, aseguran, antes de advertir de que en los próximos meses “veremos como el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los juzgados”.

Sin embargo, aseguran, es posible que aumente “la pérdida de calidad del sistema, las dificultades de la investigación y el número de recursos en instrucción y, por tanto, el tiempo de tramitación de los procesos”.

Los firmantes lamentan la imagen que por esta situación se pueda estar proyectando de la justicia y se comprometen a velar “en conciencia por los intereses de todos, incluso en la aplicación de reformas como la que evaluamos en este escrito, al tiempo que pedimos su derogación cuando se constituya el nuevo gobierno y las Cortes Generales”.