Entre otras, propuso imponer penas de cárcel a quienes intenten contactar con menores con fines sexuales, perseguir en la misma UE a los ciudadanos que abusen de niños en países pobres, bloquear las páginas web que ofrezcan contenidos pornográficos, contemplar como delito la visualización de estas imágenes ( aunque no haya intercambio de archivos) y garantizar que los condenados por pederastia a no trabajar con niños cumplan esta pena en todos los países de la UE.

“Recoge exactamente nuestra línea de trabajo desde hace tres años”, afirmó Canalda, quien se felicitó ante la toma en consideración de “la apología de la pornografía infantil como delito, algo que no contempla la ley en España".

Asimismo abogó por modificar la legislación española, “a fin de que en el caso de los niños más pequeños no existan distinciones entre abusos y agresión”. “Todo debería ser agresión, para conseguir la máxima condena posible”, declaró Canalda.

APOYO DE LAS ONG

Además, Canalda coincidió con las organizaciones de infancia Protégeles y Prodeni en destacar “la importancia de la extraterritorialidad”, en referencia la propuesta de perseguir a los turistas que abusen de menores en terceros países cuando regresen a Europa.

En declaraciones a Servimedia, el presidente de Protégeles, Guillermo Cánovas, se refirió también a la importancia de “tipificar por primera vez el delito de 'grooming' (o acoso sexual en Internet) a menores para promover la pornografía”, que no está recogido en la legislación española.

Desde Prodeni subrayaron “el efecto disuasor” que el endurecimiento de las penas tendrá sobre quienes consumen pornografía infantil, y criticaron que hasta ahora “este delito se haya considerado el hermano menor de los abusos a menores”.

Por último, ambas organizaciones exigieron la prohibición “efectiva” en España del acceso de los pederastas condenados a trabajar en centros de gran afluencia de niños, como colegios, polideportivos o guarderías.