Así lo ha comunicado al Cermi Aurora Saeta, subsecretaria del departamento, en un escrito en el que manifiesta el compromiso del Ministerio con la contratación pública socialmente responsable.

Entre las medidas que el departamento que dirige Cristina Garmendia incluirá en su política de compras figura la de pedir a las empresas licitantes como requisito de admisión el de acreditar el cumplimento de la reserva legal en favor de trabajadores con discapacidad, en el caso de estar obligadas por tener una plantilla superior a 50 empleados.

Otras medidas serán la inserción de condiciones especiales de tipo social en la ejecución de contratos o el establecimiento de criterios de desempate en la adjudicación que favorezcan a las empresas que empleen a un mayor número de trabajadores con discapacidad.

Según el Cermi, la actuación del Ministerio de Ciencia e Innovación obedece a la demandad del comité dirigida a todos los departamentos de la Administración General del Estado para que se comprometan con la dimensión social de la contratación pública.