En un comunicado, Anpier lamenta que “la decisión de este Tribunal Supremo supone un triste hito en la historia de esta instancia judicial, puesto que tres de los cuatro magistrados se han opuesto de manera contundente a la línea defendida por el presidente de la Sala, cuyo voto desequilibró la decisión en favor del Estado y en contra de los intereses de las 62.000 familias fotovoltaicas”.

Además, considera “alarmante” que la división de la Sala no se haya producido sobre cuestiones tangenciales o matices, sino sobre la propia esencia de la decisión con votos particulares radicalmente enfrentados a las tesis mantenidas por el presidente del Tribunal.

Por otro lado, los productores fotovoltaicos españoles reclaman la misma justicia que reciban los inversores extranjeros que, pudiendo hacerlo, no han querido recurrir a la jurisdicción española y han acudido a tribunales de arbitrajes internacionales, fundamentalmente al Banco Mundial.