Fueron en concreto 437 actuaciones en las que la cuestión examinada por el Defensor estaba directamente vinculada con el mundo de la discapacidad, “uno de los ámbitos más transversales entre aquellos de los que se ocupa la institución”, según señala en el prólogo del informe la defensora, Soledad Becerril.

La defensora subraya en el informe, al que ha tenido acceso Servimedia, que prueba de la importancia que su entidad concede a la discapacidad es que de la parte de la última memoria anual dedicada a supervisión de la actividad de las administraciones públicas, 13 de los 19 capítulos incluyen contenidos relevantes para las personas con discapacidad.

“Esta realidad obedece tanto al número de personas con discapacidad o entidades representativas de aquellas que se dirigen al Defensor del Pueblo para ejercer su derecho a presentar una queja, como a las actuaciones de oficio de la propia institución ante cuestiones que estima que requieren de su atención”, señala Becerril.

A las 437 actuaciones vinculadas con el mundo de la discapacidad, recogidas en su mayoría en el último informe anual del Defensor, hay que sumar, según aclara Becerril, los asuntos en los que las previsiones o las prácticas referidas a la atención a personas con discapacidad deben también considerarse como parte de la tarea supervisora general que corresponde a esta institución.

TOMA DE CONCIENCIA

“El Defensor del Pueblo”, señala Becerril, “tiene muy presente su compromiso con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en especial, con la parte que le toca en los que este tratado denomina 'toma de conciencia', tarea que comprende sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad de fomentar el respecto a los derechos y a la dignidad de estas personas".

"En esa tarea, creemos que es bueno comenzar atendiendo lo que las propias personas con discapacidad nos dicen a través de sus quejas, junto a la evaluación que a esta institución le toca hacer sobre las respuestas de las Administraciones públicas”, AGREGA.

RECURSO DE AMPARO

El informe enumera las recomendaciones y gestiones que hizo el Defensor ante los tribunales y las administraciones públicas en cuestiones que afectaron a las personas con discapacidad en las urgencias hospitalarias, los centros penitenciarios, la educación inclusiva, la hacienda pública o el transporte.

Entre las actuaciones que realizó el Defensor figura el recurso de amparo que interpuso ante el Tribunal Constitucional, a petición del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), contra la sentencia del Supremo que avaló el decreto de 2004 que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

También a solicitud del Cermi, el Defensor consiguió que Renfe diera más publicidad a su plan de accesibilidad, después de una queja porque no podían pasar sillas de ruedas a los trenes Civia.

El informe también recoge las reuniones que mantuvieron representantes del Defensor con el Cermi para el seguimiento de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y refiere el seguimiento que está haciendo a la accesibilidad de las personas con discapacidad en las redes sociales.