Así lo aseguró, en declaraciones a Servimedia, el presidente de TI en España, Jesús Lizcano, al valorar la difusión en los últimos días de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el ‘caso Púnica’. En esta investigación se apunta que el presidente murciano pudo tener relación con esta trama cuando era consejero de Educación, aunque el mandatario autonómico lo ha negado y ha presentado documentos que dice que lo atestiguan.

Respecto a si Pedro Antonio Sánchez debe renunciar tras conocerse el informe de la UCO, Lizcano dijo que su organización, sin entrar en este caso concreto, defiende que las dimisiones de políticos deben producirse cuando existe “una cierta probabilidad que no posibilidad” de que la persona aludida es culpable.

Según el responsable de TI en España, “cuando haya un vestigio judicial mínimo ya es el momento de que dimita” el afectado, mientras que no debería hacerlo simplemente “porque haya una acusación de un sindicato, de la Policía en un informe”, etc.

A su juicio, la renuncia del político debería producirse “cuando hay un escrito de acusación del fiscal o se abre juicio oral”, lo que ya querría decir que “hay vestigios de que esa persona muy probablemente es culpable de la denuncia que se le hace”.