Así lo indicaron fuentes comunitarias, que señalaron que “los planes electorales no los vamos a estudiar” y no se tendrá en cuenta de cara a posibles decisiones sobre España que tenga que adoptar la Comisión en los próximos meses, como la posible multa por incumplir el objetivo de déficit público en 2015.

Desde la institución señalaron que no entran en el “debate electoral” español y reiteraron que las medidas que se analizan son las que aprueba un “Gobierno electo”.

Sobre si la nueva senda de consolidación fiscal marcada por Bruselas recoge rebajar el déficit por debajo del 3% en 2017 y salir del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), apuntaron que no será negociable para el próximo Gobierno que salga de las urnas.

La senda de consolidación de la Comisión fija un déficit del 3,7% este año y del 2,5% en 2017, aunque según sus últimas previsiones y si no se toman medidas las cifras serán del 3,9% y 3,1%, respectivamente.

Si se cumpliera el calendario y España saliera del PDE al rebajar el déficit por debajo del 3%, cabría la posibilidad de que entrara en un procedimiento preventivo por el elevado nivel de deuda pública. Ello le obligaría tener que reducir un 5% anual en nivel de deuda que exceda el 60% del PIB. En la actualidad, supera el 100% del PIB, por lo que el excedente supone un 40%, lo que supondría dos puntos anuales.

En este sentido, las citadas fuentes explicaron que “el 3,1% es sin cambios” en la política presupuestaria, por lo que “en cuanto que hagas algo cumples”.

Por otra parte, sobre la iniciativa de Garantía Juvenil, desde la Comisión reconocieron que su implementación en España “no es tan rápida como debiera”, aunque “no hay previsión de que se vayan a perder los fondos”.