En su contestación, a la que tuvo acceso Servimedia, el Gobierno explica que el Ministerio de Defensa firmó en diciembre de 2008 un contrato con la empresa Fabricaciones Extremeñas S.A. para el desmontaje y destrucción de las municiones. En total, ha acabado con 5.589 municiones.

Asimismo, añade que la partida presupuestaria asignada al contrato asciende a unos cinco millones de euros, repartidos entre 2008 y 2009, y agrega que “una vez eliminado el arsenal de bombas de racimo, todas las capacidades militares de las Fuerzas Armadas están conformes a lo establecido en la Convención de Dublín”.

La Convención sobre Municiones en Racimo fue negociada y adoptada en la Conferencia Diplomática de Dublín el 30 de mayo de 2008 por 107 estados. Es un tratado internacional jurídicamente vinculante que prohíbe el empleo, producción, almacenamiento y transferencia de bombas en racimo.

Firmada en Oslo el 3 de diciembre de 2008, prohíbe las bombas en racimo, sin excepciones ni períodos durante los cuales los países puedan seguir empleándolas después de que hayan sido prohibidas.

Según lo establecido en la citada convención, el plazo para eliminar las reservas de bombas de racimo es de ocho años y para limpiar las áreas contaminadas de diez. Además, obliga a los Estados firmantes a proveer atención médica y apoyo financiero y psicológico a los sobrevivientes y a todas las personas afectadas por las bombas en racimo.