Según informa la Comisión, dichas ayudas se ajustan a las normas de la UE, puesto que se proponen aliviar el impacto social y medioambiental del cierre de esas minas sin falsear indebidamente la competencia en el mercado único.

En abril de 2016, las autoridades españolas notificaron su intención de conceder ayuda pública a los operadores de 26 minas de carbón que han de cerrar de aquí a 2018.

El objetivo de la ayuda es facilitar el proceso de cierre, cubriendo las pérdidas de producción de las minas hasta que este se produzca.

También proporcionará ayuda financiera a los trabajadores que hayan perdido o vayan a perder su empleo debido a los cierres, mediante la financiación de las indemnizaciones por despido y de las prestaciones de seguridad social.

Además, se financiarán la seguridad y las obras de rehabilitación necesarias tras el cierre de las minas.

Las autoridades españolas se han comprometido a recuperar cualquier ayuda concedida a minas que no hayan sido cerradas en esa fecha.