Según la institución, “la intolerancia al gluten de las personas celiacas es una enfermedad crónica que debería ser protegida por los poderes públicos” y, por eso, trabaja para que “las administraciones reconozcan las especiales circunstancias de los celiacos y para que los precios de los productos sin gluten sean aceptables, bien a través de rebajas fiscales o ayudas públicas”.

Por ello, el Defensor del Pueblo “ha preguntado a todas las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla si estudian establecer medidas de apoyo económico a los celiacos”, así como detalles sobre “el número de afectados en cada comunidad, sus necesidades, problemas y demandas”.

Además, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Hacienda y a las consejerías autonómicas para saber si “prevén introducir algún tipo de beneficio fiscal en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las personas celiacas con dificultades económicas”.

Por último, la institución recordó que está manteniendo encuentros con asociaciones de afectados para recabar su opinión y preparar así una encuesta, que publicará próximamente en su página web, y facilitar que las personas celiacas dirijan sus demandas directamente al Defensor del Pueblo.