En sendas sentencias, el Supremo se opone a la reclamación de las sociedades Henarsa (concesionaria de la autopista radial de Madrid R-2) y Autopista Madrid Sur Concesionaria Española (concesionaria de la R-4).

Según se especifica en la sentencia relativa a Henarsa, esta sociedad reclamaba que la Administración fuese condenada a abonarle dichos préstamos por un total de 97,8 millones de euros más intereses.

Según informó el Supremo, las dos sociedades, en sus recursos, basaban su petición de préstamos participativos en una disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, que reconoce a las concesionarias de una serie de autopistas, entre las que se incluía las suyas, un derecho al reequilibrio financiero de la concesión, derivado de la ruptura de la economía del contrato producida por sobrecoste de las expropiaciones.

La decisión del Supremo se basa en que la disposición adicional no prevé que empresas concesionarias en situación de concurso pueda ser beneficiarias de uno de estos créditos participativos, definidos como instrumentos de financiación “ventajosos”.

Las dos sentencias cuentan con votos particulares de tres de los siete magistrados que formaron el tribunal, partidarios de haber estimado los recursos y dado la razón a las sociedades concesionarias.