El comité denunció en un comunicado que "se trata de una conducta criminal inspirada en el odio hacia un grupo social, en este caso las personas con discapacidad, a las que se las desprecia mediante mensajes hostiles e intimidantes que generan miedo, perturban gravemente su tranquilidad y comprometen el ejercicio pacífico de sus derechos constitucionales".

"La actuación es más reprochable si cabe por cuanto va dirigida contra una comunidad escolar integrada por jóvenes y niños y niñas con discapacidad, que han de ser más intensamente protegidos contra cualquier ataque u hostigamiento movido por el odio", señala la entidad que preside Luis Cayo Pérez-Bueno.

El Cermi ha pedido a la Fiscalía General que extreme el celo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad contra las agresiones basadas en el odio, ya que son un grupo social más expuesto a estas conductas reprobables.