Según dicha entidad, la constitución de esta plataforma responde a la necesidad “de impulsar una cultura de defensa jurídica activa, de reforzar el activismo jurídico en relación a los derechos humanos y la discapacidad” y de promover dichas actividades a través de “los múltiples canales y dispositivos de la Convención de la ONU”.

La red estará integrada por los responsables jurídicos de todas las asociaciones miembros del Cermi, que se ocuparán del estudio y seguimiento de casos y situaciones graves de discriminación, cuya resolución favorable suponga un avance genérico para todas las personas con discapacidad o para un amplio número de ellas.

Además de analizar los casos, esta plataforma los denunciará políticamente y ante la opinión pública y los medios de comunicación, a fin de confeccionar indicadores de medición de la discriminación contra la discapacidad y de crear una serie de propuestas normativas para solucionarlos.