El decreto del Gobierno de Canarias, según informa el organismo regulador en una nota de prensa, impide que las viviendas se establezcan en suelos turísticos y las excluye de las zonas donde se localizan los hoteles y los apartamentos.

Además, prohíbe que en las viviendas vacacionales se alquilen habitaciones de forma separada y, para poder ofrecer un alojamiento de este tipo, se solicita una declaración y la inscripción en un registro. También se imponen varios requisitos sobre cómo deben prestar el servicio.

OBSTÁCULOS A LA COMPETENCIA

En el análisis que acompaña al recurso, la CNMC considera que el efecto de todas estas restricciones “obstaculiza” la entrada y la capacidad de competir de las viviendas vacacionales de forma sustancial.

Además, la CNMC señala que la entrada en el mercado de las viviendas vacacionales “está dinamizando el alojamiento turístico en las islas de forma extraordinaria”, al conseguir una mayor variedad en la oferta, precios más eficientes y mejor calidad en los servicios.

No obstante, el decreto aprobado en Canarias evitaría que estos “efectos positivos” se trasladasen a la sociedad, según defiende el organismo que concluye alegando que ninguna de las restricciones incluidas en el Decreto “está justificada” por la corrección de un fallo de mercado o la protección de un objetivo de interés público.