Según el presidente de EC, Josep Bou, la negociación causaría “un grave perjuicio” a la economía catalana por dos aspectos fundamentalmente: “La inseguridad jurídica que provocaría que las cuentas públicas incluyeran el cobro de una serie de tributos suspendidos por el Tribunal Constitucional y la reintroducción del Impuesto de Patrimonio y Sucesiones así como el alza del IRPF”.

La organización de empresarios explicó a través de un comunicado que la introducción de figuras nuevas como las suspendidas sobre depósitos bancarios, inmuebles vacíos o centrales de producción energética provocaría un número “importantísimo” de contenciosos administrativos entre empresas y la Generalitat.

“Estos contenciosos serán a la larga ganados todos por las empresas, pero habrán generado un clima de inseguridad jurídica en Cataluña que ahuyentará a empresas foráneas y frenará la inversión además de distraer recursos y esfuerzos que las empresas deben destinar a menesteres productivos”, defendió EC.

Sobre la posible subida de impuestos, Bou recordó a la Administración autonómica “que las previsiones de ingresos derivadas de nuevos impuestos no se han cumplido y que por lo tanto la propuesta que ahora plantea la CUP, a la que parece dispuesta a ceder Junts pel Sí, es el camino equivocado”.