En un comunicado, la Consejería explicó que las comunidades autónomas están obligadas por la normativa básica estatal (Lorca) a participar y regular los procesos de fusión de las cajas que están domiciliadas en su territorio, tal y como se recoge en la disposición adicional quinta de la citada Ley.

Añadió que esto ha llevado al Ejecutivo madrileño, al que se han sumado el gallego y el extremeño, a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el citado Fondo.

Según la Consejería, en aplicación de lo anterior, las leyes autonómicas determinan los requisitos de fusión de las Cajas, obligando a los gobiernos regionales a salvaguardar en los procesos de fusión determinados intereses autonómicos,(derechos y garantías de las personas físicas o jurídicas afectadas, continuidad de la obra social, estabilidad del personal de las entidades, solvencia financiera, etc.

"Es decir", insistió, "un gobierno regional con competencias sobre una caja de ahorros debe velar, en un proceso de fusión, por los intereses de sus impositores, sus trabajadores, la solvencia financiera y la obra social, intereses que no sólo son legítimos sino que, además, están amparados en la Ley.